¿Milagro económico o señal de corrupción?

Por: Antonio Caballero

Cuando se califica públicamente a un intendente municipal —o a cualquier funcionario público— como un “mago de la economía”, no se está precisamente elogiando su capacidad administrativa. En el fondo, se trata de una forma sarcástica de poner en duda el origen de sus bienes, su repentino ascenso económico y su estilo de vida desproporcionado en relación con sus ingresos oficiales.

En un país como el nuestro, donde la corrupción es una herida abierta, ese tipo de expresiones no son gratuitas: son alertas, síntomas de una ciudadanía que, aunque golpeada, no ha dejado de observar y cuestionar.

En el caso del intendente de San Juan Nepomuceno, el colorado Derlis Molinas, la duda pública ha comenzado a tomar cuerpo. No afirmamos ni acusamos con certeza jurídica, pero hay indicios visibles y preguntas legítimas que no pueden ser ignoradas: ¿Cómo es que un funcionario público, cuyo salario es conocido, accede de forma tan rápida a propiedades, maquinarias y lujos que desbordan la lógica de sus ingresos? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Por qué no se explican las fuentes con claridad? ¿Por qué el silencio ante las críticas?

Hablar de milagros económicos en la función pública es, muchas veces, una manera encubierta de referirse a delitos como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, la lesión de confianza o la falsificación de documentos. Son crímenes graves, no simples irregularidades, que afectan directamente a las comunidades. Porque cada guaraní malversado, cada contrato amañado, cada obra sobrefacturada, es un pozo que no se cavó, una escuela que no se reparó, un camino que no se asfaltó.

Las instituciones como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar hacia otro lado. No tienen solamente la facultad de investigar, tienen la obligación. Es su responsabilidad garantizar a la ciudadanía que los recursos públicos se manejan con honestidad y que nadie —por poderoso o popular que sea— está por encima de la ley.

Pero también el intendente tiene una oportunidad. Si no tiene nada que esconder, si todo lo que ha adquirido proviene de fuentes legítimas, debe ponerse a disposición de la justicia y exhibir su declaración patrimonial, sus facturas, sus registros financieros. Que hable con hechos y documentos, no con posteos de terceros, ni con gestos altaneros. En un sistema republicano, los funcionarios no son dueños del Estado, son sus empleados. Y como tales, deben rendir cuentas.

La peor forma de corrupción no es solo robar; es también la complicidad del silencio. El pueblo de San Juan Nepomuceno —como tantos otros— merece transparencia, merece explicaciones. Merece respeto.

No nos callemos. No naturalicemos lo inaceptable. La democracia no se defiende solo con votos, sino también con vigilancia, con participación y con valentía para decir lo que incomoda. Si queremos construir un país más justo, debemos empezar por exigir que quienes gobiernan lo hagan con las manos limpias y la frente en alto. Lo contrario, sería rendirse. Y aún no estamos dispuestos a hacerlo.

 

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