La maquinaria municipal al servicio de terceros y el silencio cómplice en San Juan Nepomuceno
Por Antonio Caballero, redacción central
Las obras de enripiado, necesarias y recurrentes en muchos municipios del interior del país, se han convertido en San Juan Nepomuceno en un símbolo de cómo los recursos comunales pueden terminar al servicio de intereses privados. Y no de cualquier privado: del propio intendente municipal, Derlis Molinas.
Según revelaciones recientes, los trabajos de enripiado en este distrito de Caazapá se realizan con equipos viales, personales y combustible de la municipalidad, pero son facturados como si fueran completamente tercerizados. Es decir, el contribuyente paga dos veces: primero, con la compra y mantenimiento de la maquinaria comunal, y luego con la contratación de supuestas empresas que, en realidad, solo prestan facturas y acarrean piedras.
El esquema es burdo, pero efectivo: empresas de maletín a nombre de particulares sin trayectoria en el rubro —una docente y otro ciudadano que niega irregularidades— facturan al municipio mientras las máquinas comunales hacen el trabajo. La rendición de cuentas no registra ingresos por alquiler de maquinaria, y el intendente Derlis Molinas, lejos de aclarar la situación, guarda un silencio que dice “mucho”.
Peor aún, concejales como Evans Dimitropulos, presidente de la Comisión de Hacienda, optan por la omisión, mientras otros, como Ireneo Ortigoza, se animan a denunciar que el enripiado se ha convertido en "la gallina de los huevos de oro" del intendente.
Este no es solo un caso local. Es un espejo del modelo clientelar y corrupta que se repite en varios municipios: se manejan recursos como si fueran propios, se crean empresas fantasmas, se manipulan licitaciones y se finge transparencia con rendiciones que esconden más de lo que revelan.
La ciudadanía merece saber quién se enriquece con los recursos que deberían mejorar caminos, plazas y otros servicios. Y si las instituciones no investigan, como la Junta Municipal, la Contraloría General de la República o el Ministerio Público, será el periodismo —y, eventualmente, la presión social— el que deberá exigir respuestas.
¿Hasta cuándo la comuna nepomucena será usada como una empresa privada de la familia Molinas Ruiz?
antocaballero@caazapaahora.com.py
