El “significativamente corrupto” apadrina a condenado por estafa en Yuty

Pese a una condena en primera y segunda instancia por estafa, Carlos Alberto Franco Benítez lanzó su precandidatura a la intendencia con el respaldo de Hugo Velázquez, designado como “significativamente corrupto” por EE.UU. El caso fue ampliamente expuesto por medios nacionales.

El exvicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, decidió respaldar la precandidatura a intendente de Carlos Alberto Franco Benítez en el distrito de Yuty.

Franco Benítez fue condenado en la capital del país por estafa, sentencia que fue confirmada por un Tribunal de Apelación, configurando la llamada “doble conforme”. El caso tuvo amplia repercusión en publicaciones nacionales, que detallaron cómo funcionarios —entre ellos empleados de la Essap— gestionaron créditos a su nombre para financiar la campaña política del entonces dirigente yuteño.

Créditos para campaña que nunca se pagaron

De acuerdo con los antecedentes judiciales difundidos por la prensa capitalina, el dinero obtenido mediante préstamos fue entregado a Franco Benítez bajo el compromiso de que él asumiría el pago de las cuotas. Sin embargo, según la acusación fiscal y la posterior sentencia, el compromiso no fue cumplido, dejando a los propios correligionarios con la carga de la deuda.

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El hecho generó fuerte malestar incluso dentro de su propio sector político, ya que las operaciones se habrían realizado entre dirigentes del mismo partido. La situación derivó en denuncias penales y finalmente en la condena por estafa.

Respaldo político pese a antecedentes

Pese a este antecedente judicial, Franco Benítez oficializó su precandidatura por el movimiento Fuerza Republicana, sector liderado por Velázquez dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En la interna colorada deberá enfrentar a los precandidatos del movimiento Honor Colorado, entre ellos Ever Brítez, actual concejal departamental de Caazapá, y Emilio Olaizola, ambos abogados.

La postulación reabre el debate sobre los filtros éticos dentro de los movimientos internos y el mensaje que se transmite al electorado cuando dirigentes con condenas judiciales confirmadas no solo permanecen en la arena política, sino que además reciben el respaldo de referentes nacionales cuestionados.

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