Cuando la comuna falla, el peligro circula
Por Antonio Caballero
La renovación de licencias de conducir no es un simple trámite administrativo. Es un acto de responsabilidad pública, un filtro mínimo de protección social y un mecanismo básico de seguridad ciudadana. Por eso, cualquier irregularidad en ese proceso no puede ser tratada como una anécdota burocrática, sino como un problema estructural.
Las denuncias que surgen en San Juan Nepomuceno sobre presuntos procedimientos irregulares en la expedición de licencias obligan a una reflexión profunda. No solo por los hechos en sí, sino por lo que revelan: la fragilidad de los sistemas de control institucional y la peligrosa normalización de prácticas informales dentro del aparato público.
Cuando evaluaciones médicas obligatorias —como los exámenes de vista y oído— son realizadas por personas no habilitadas, se rompe la cadena de legalidad que sostiene todo el sistema de tránsito. La norma existe por una razón: proteger vidas. No es un formalismo, no es un sello, no es una exigencia vacía. Es una barrera de contención frente al riesgo.
La gravedad aumenta cuando estas prácticas no solo afectan a motociclistas o conductores particulares, sino que alcanzan a vehículos de mayor porte. Allí el impacto potencial ya no es individual, sino colectivo. No se trata de una infracción administrativa: se trata de una amenaza directa a la seguridad pública.
Pero más allá del hecho puntual, el problema es más profundo. Es institucional. Es cultural. Es estructural. La falta de controles internos, la ausencia de fiscalización externa y la debilidad de los mecanismos de transparencia generan el escenario perfecto para que los sistemas públicos se transformen en circuitos paralelos, donde lo legal convive con lo informal y lo público se diluye en lo privado.
Un municipio no puede convertirse en un espacio donde los procedimientos dependen de personas y no de normas. Donde los controles se negocian y no se aplican. Donde la ley se interpreta según conveniencias.
La confianza ciudadana no se construye con discursos ni con comunicados. Se construye con procesos claros, con reglas visibles, con controles reales y con responsabilidades asumidas.
Hoy, San Juan Nepomuceno enfrenta un desafío institucional: demostrar que sus estructuras funcionan, que sus normas se respetan y que sus autoridades comprenden que administrar no es administrar papeles, sino administrar confianza pública.
Esta denuncia de irregularidades —que no se limita a San Juan Nepomuceno—, más temprano que tarde, puede convertirse en el argumento perfecto para que el Estado central retire a los municipios la potestad de expedir licencias de conducir, como ya ocurrió con los almuerzos escolares, que fueron sacados de la órbita municipal para ser transferidos a las gobernaciones.
No es una hipótesis descabellada. Cuando los sistemas locales fallan de forma reiterada, el poder se recentraliza. Y cuando el poder se recentraliza, los municipios pierden competencias, autonomía y capacidad de gestión.
Porque cuando el Estado falla, no falla solo un trámite. Falla la protección. Falla la confianza.
Y el peligro empieza a circular.
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