Condenan a 5 años de prisión a exconcejal de Yuty por millonaria estafa; el acusado denuncia persecución política
Carlos Alberto Franco Benítez, exconcejal colorado de Yuty y expresidente de la Afessap, fue hallado culpable de defraudar a la financiera Fast Credit por más de G. 414 millones. La sentencia aún puede ser apelada, mientras el condenado sostiene que es víctima de un proceso irregular.
Un Tribunal de Sentencia de Asunción condenó este 27 de agosto de 2025 a Carlos Alberto Franco Benítez (ANR), exconcejal municipal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap), a cinco años de prisión por el delito de estafa.
Según la acusación fiscal, Franco ideó un esquema mediante el cual ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit, desviando fondos para financiar su campaña electoral.
El fallo estuvo a cargo de los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Matías Garcete, quienes concluyeron que el entonces titular de la Afessap firmó un convenio con la firma financiera para otorgar créditos a funcionarios de la Essap. Los préstamos debían ser descontados directamente de los salarios de los empleados a través del gremio, pero el dinero no fue transferido a la empresa como correspondía, lo que generó el millonario faltante.
Durante el juicio, testigos y documentos revelaron que los fondos habrían sido utilizados para fines políticos en el marco de la candidatura de Franco. La condena es de cumplimiento efectivo y sienta un precedente sobre la responsabilidad penal de autoridades gremiales y políticas en casos de manejo irregular de fondos.
La defensa: “Me condenaron sin pruebas plenas”
Tras conocerse el fallo, Carlos Franco difundió un extenso comunicado en el que expresó su “más enérgica disconformidad y rechazo absoluto” a la sentencia. Alegó que el proceso estuvo “plagado de irregularidades” y afirmó que se busca inhabilitarlo políticamente para futuras elecciones municipales.
Entre los cuestionamientos que realizó figuran: Supuesta parcialidad de los jueces, lo que —según él— puso en duda la objetividad del tribunal, reapertura indebida de testimonios ya desistidos por las partes y abuso de las medidas de mejor proveer, que a su entender implicaron que el tribunal actuó en lugar del Ministerio Público.
Franco también sostuvo que “no existió dolo ni perjuicio patrimonial probado”, argumentando que el conflicto debía ventilarse en el ámbito civil y comercial, no en el penal. Asimismo, cuestionó la variación de los montos durante el proceso, que —según su descargo— pasaron de una acusación inicial de más de G. 5.000 millones, a G. 1.200 millones y finalmente a G. 411 millones.
“El derecho penal no puede ser usado para criminalizar deudas civiles ni con fines políticos”, expresó. Anunció que presentará recurso de apelación, confiando en que un tribunal superior revierta el fallo.
