El río Pirapó: un crimen que no se quiere ver
Por Antonio Caballero
El sacerdote Humberto René Vera denunció lo que muchos callan: la lenta agonía del río Pirapó por contaminación industrial, negligencia estatal y complicidad social. Cuando un río muere, muere también una parte de Caazapá y de la dignidad de sus habitantes.
No fue solo una homilía. No fue solo una frase fuerte. No fue un recurso retórico.
Cuando el sacerdote Humberto René Vera afirmó: “El río Pirapó está muriendo”, puso en palabras una verdad que todos conocen, pero pocos se atreven a repetir en voz alta.
Porque la tragedia del Pirapó no es nueva. Lo nuevo es el silencio que la sostiene.
Mortandad de peces, olores nauseabundos, vertidos industriales y residuos de plantas alcoholeras no son accidentes: son consecuencias de decisiones humanas que priorizan la ganancia sobre la vida y de autoridades que miran hacia otro lado mientras un ecosistema entero se destruye.
Lo más grave no es solo la muerte del río. Lo más grave es quién paga el precio.
Como señaló el sacerdote: “Sobre la cabeza de los pobres nomás luego caen los rayos”.
Las comunidades más humildes pierden agua, alimento, trabajo y salud. Mientras tanto, quienes se benefician económicamente de este modelo extractivo operan sin controles ni sanciones y, muchas veces, sin dar explicaciones.
Hablar de “pecado social” no es retórica: es una categoría ética precisa. Envenenar un río es destruir vidas, romper tejidos sociales y condenar a generaciones futuras. La contaminación no es un problema técnico, es una injusticia estructural.
El drama ambiental en Caazapá no se limita al Pirapó: incendios forestales, uso indiscriminado de agrotóxicos, pérdida de biodiversidad y devastación de territorios forman parte de un mismo patrón: la lógica del beneficio rápido, del negocio inmediato, del progreso sin ética. Los campesinos, bajo la complicidad de las autoridades, ven cómo el bosque nativo se convierte en carbón, mientras el Estado permanece ausente.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿Dónde están las autoridades ambientales? ¿Dónde están los controles del Estado? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la justicia?
El silencio institucional es tan grave como la contaminación misma.
El mensaje del sacerdote interpela a toda la sociedad. Naturalizar la destrucción también es ser cómplice. Callar, resignarse o acostumbrarse convierte a la ciudadanía en parte del problema.
Un río no muere de un día para otro. Muere lentamente, por abandono, indiferencia y conveniencia. Y cuando un río muere, no desaparece solo el agua: muere una parte de la identidad, de la memoria y del futuro de un pueblo.
La denuncia del padre Vera no debe quedarse como un momento emotivo de un novenario. Debe transformarse en punto de inflexión, en alarma social y en exigencia colectiva.
Defender un río no es una causa romántica: es una lucha por la vida, la justicia social y la dignidad humana.
Si el Pirapó muere, no será por falta de advertencias. Será por exceso de silencio.
