Denuncian red de tala ilegal y presunta complicidad fiscal en la destrucción de los últimos montes de Caazapá

Una grave denuncia apunta al cacique de una comunidad indígena, a propietarios privados y a la unidad ambiental del Ministerio Público de San Juan Nepomuceno, que —según la fuente— estarían permitiendo desmontes ilegales incluso dentro de una reserva natural.

ABAI, Caazapá. La depredación de los últimos montes nativos del departamento de Caazapá continúa avanzando a un ritmo alarmante y, según una denuncia presentada por una fuente que afirma tener conocimiento directo de los hechos, esta destrucción se estaría produciendo con la tolerancia —y presunta complicidad— de autoridades que tienen la obligación legal de intervenir.

De acuerdo con la denuncia, agentes del Ministerio Público, específicamente de la unidad ambiental de San Juan Nepomuceno, estarían plenamente informados sobre actividades de tala, transporte y comercialización ilegal de maderas nativas que se desarrollan en la zona limítrofe con el departamento de Caaguazú, sin que hasta el momento se hayan impulsado acciones fiscales efectivas para frenar estos hechos.

La misma fuente señala como principal involucrado al cacique Miguel Martínez, de la comunidad indígena Takuaruzú, a quien se sindica como presunto articulador de una estructura dedicada a la explotación ilegal de recursos forestales, operando con la colaboración de personas ajenas a la comunidad. Siempre según la denuncia, la madera extraída sería destinada a mercados informales, mientras los controles estatales brillan por su ausencia.

La comunidad Takuaruzú se encuentra asentada en tierras que anteriormente pertenecieron a la conocida estancia Golondrina, actualmente en poder de colonos menonitas. Según la versión denunciante, los actuales propietarios tendrían conocimiento de las actividades irregulares, pero no habrían adoptado medidas para impedirlas, debido a intereses económicos vinculados a futuros procesos de deforestación.

La situación se agrava aún más con la denuncia de que, dentro de la Reserva Natural Privada Ypetí, también perteneciente a estos propietarios, ya se habría contratado a un colono de origen brasileño para realizar el desmonte de aproximadamente 50 hectáreas, lo que, de confirmarse, constituiría una grave violación a la legislación ambiental y a los compromisos de conservación asumidos.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia involucra directamente a la fiscal Lissa Baeza, responsable de la unidad ambiental del Ministerio Público de San Juan Nepomuceno. Según la fuente, la agente fiscal estaría al tanto de los hechos denunciados, pero no habría promovido acciones penales, limitándose —siempre según esta versión— a realizar visitas al lugar sin consecuencias jurídicas para los presuntos responsables. La denuncia sostiene que dicha inacción estaría vinculada a beneficios económicos indebidos, extremo que deberá ser investigado por las instancias correspondientes.

Este medio intentó comunicarse con la fiscal Lissa Baeza para conocer su postura respecto a las denuncias que la involucran, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación. Se deja expresa constancia de que el espacio permanece abierto para que la mencionada agente del Ministerio Público ejerza su derecho a réplica o descargo, conforme a las normas vigentes.

Mientras tanto, y según la denuncia, la destrucción de los últimos relictos boscosos de Caazapá continúa, ante la mirada impotente de las comunidades afectadas y el silencio de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.