Caazapá sigue sin tribunal electoral y diputados admiten atraso institucional

Un proyecto de ley reconoce que el departamento opera con una estructura electoral incompleta, obligando a ciudadanos y partidos a litigar fuera de su jurisdicción.

Los diputados Alejandro Aguilera (ANR–Guairá) y Avelino Dávalos (ANR–Caazapá), autores del proyecto que admite el atraso institucional que mantiene a Caazapá sin tribunal electoral propio.

 

Los diputados Alejandro Aguilera (ANR–Guairá) y Avelino Dávalos (ANR–Caazapá) presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley N.º 635/95 con el objetivo de crear el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial del Departamento de Caazapá, una carencia institucional que el departamento arrastra desde hace décadas.

Desde la caída de la dictadura, Caazapá fue desprendiéndose de manera gradual de la tutela administrativa del Guairá. Primero con la creación de la Gobernación, luego con la conformación de la Sexta Región Sanitaria y, más recientemente, con la erección de la Diócesis de Caazapá. La Justicia Electoral aparece ahora como una de las últimas estructuras estatales pendientes, evidenciando el prolongado rezago institucional del departamento.

En la exposición de motivos, los propios proyectistas admiten la existencia de una asimetría institucional injustificada, ya que Caazapá figura entre los pocos departamentos del país que no cuentan con un tribunal electoral propio. Esta omisión obliga a ciudadanos, partidos políticos y organizaciones sociales a trasladarse a otras circunscripciones para realizar trámites básicos y litigar en causas electorales.

La ausencia del órgano jurisdiccional genera, según el documento, demoras sistemáticas, mayores costos económicos y una débil presencia de la Justicia Electoral en el territorio departamental. Pese a contar con una circunscripción judicial plenamente constituida, tribunales ordinarios y estructura fiscal operativa, Caazapá continúa sin una instancia electoral propia, una situación que los propios legisladores califican como incongruente.

El proyecto reconoce además que los tribunales electorales de otras circunscripciones se encuentran sobrecargados al absorber los expedientes provenientes de Caazapá, lo que provoca atrasos recurrentes y deteriora la calidad del servicio judicial. Esta saturación, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una práctica estructural tolerada por el sistema.

Si bien los diputados argumentan que el crecimiento poblacional y el aumento de la participación política tornan insostenible la continuidad de este esquema, el texto deja en evidencia que la falta de infraestructura electoral no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una postergación institucional prolongada.

La iniciativa sostiene que un tribunal electoral departamental permitiría un control más efectivo de las elecciones municipales y partidarias, resoluciones más ágiles en casos de tachas, impugnaciones y padrones, así como una mayor profesionalización de los funcionarios locales, funciones que actualmente se ejercen de manera limitada y a distancia.

El proyecto fue girado a siete comisiones de la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar el habitual circuito burocrático antes de llegar al pleno, mientras Caazapá continúa figurando entre los departamentos sin tribunal electoral propio, una anomalía que el propio Congreso reconoce, pero que sigue sin fecha de corrección.

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