Basural en movimiento: denuncian intento de trasladar vertedero ilegal a la comunidad de Caridad

SAN JUAN NEPOMUCENO, Caazapá. El actual vertedero municipal de este distrito, que opera sin controles ni medidas ambientales, podría ser reubicado en la comunidad de Caridad. Vecinos denuncian que el proyecto carece de estudios, consultas públicas y garantías sanitarias, advirtiendo que se trata de “una bomba de tiempo ecológica”.

La comunidad de Caridad se encuentra en estado de alerta máxima ante versiones que apuntan al traslado del vertedero a un terreno cercano a la zona poblada. Lo que en principio podría parecer una medida de ordenamiento urbano, en realidad oculta un grave riesgo ambiental, ya que el sitio actual de disposición de residuos, ubicado en la compañía Isla Jovai (ruta PY18), opera fuera de toda norma: sin tratamiento de lixiviados, sin clasificación de residuos, sin control de vectores y en contacto directo con el suelo y fuentes hídricas.

Paradójicamente, el vertedero en su momento fue proyectado como un relleno sanitario, con los estándares exigidos por ley, pero terminó funcionando como un basural a cielo abierto, convertido por la gestión municipal en una fuente crónica de contaminación. Ahora, con la intención de reubicarlo, las autoridades aseguran que no se repetirán los errores, pero la desconfianza ciudadana es total.

Vecinos denuncian que no existe ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ni tampoco un proceso de socialización del proyecto. Además, no se garantizan condiciones técnicas mínimas como la impermeabilización del suelo, captación de gases, control sanitario ni monitoreo ambiental, todos exigidos por la Ley N.º 3956/09 y el Decreto N.º 4.396/15.

“Están cambiando el lugar, pero no el modelo de gestión. Nos quieren imponer una amenaza ambiental bajo el disfraz de progreso”, alertó una vecina de Caridad, quien advirtió que el perjuicio para los propietarios de terrenos será grave.

A los riesgos ambientales se suman peligros para la salud pública, como la posible contaminación de fuentes de agua, proliferación de enfermedades, impacto en los cultivos y el desplome del valor de las propiedades.

Ante esta situación, organizaciones sociales, referentes comunitarios y ciudadanos autoconvocados exigen la inmediata suspensión del traslado, la elaboración de un proyecto técnico serio y la apertura de espacios de participación ciudadana real.

El caso ya está siendo documentado por actores sociales que preparan una denuncia formal ante el MADES y otras instancias competentes. “Caridad merece respeto, no abandono”, es el clamor que hoy se escucha en la comunidad.