San Juan Nepomuceno: graves denuncias por enriquecimiento ilícito contra el intendente Derlis Molinas siguen sin avanzar

Mientras se multiplican las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza contra el intendente Derlis Molinas, las causas penales y pedidos de auditoría continúan sin avances en la Fiscalía y la Contraloría. El crecimiento patrimonial del jefe comunal y el silencio de los organismos de control generan fuertes cuestionamientos en San Juan Nepomuceno.

Acusaciones de lesión de confianza, uso indebido de recursos públicos y presunto enriquecimiento ilícito pesan sobre el actual intendente municipal de San Juan Nepomuceno, Derlis Molinas, mientras las denuncias formales en su contra permanecen estancadas en el Ministerio Público y en la Contraloría General de la Nación.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, ninguna de las causas registra avances concretos, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la actuación de los organismos de control y justicia.

Crecimiento patrimonial bajo sospecha

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el notable crecimiento patrimonial del jefe comunal desde que asumió la intendencia. Al momento de ser electo, el aserradero vinculado a Molinas se encontraba —según testimonios vecinales— en estado de abandono, sin techo, con estructura deteriorada, acumulación de residuos y frecuentes incendios.

Durante los cuatro años de gestión municipal, la propiedad fue completamente techada y equipada, a lo que se suman —según las denuncias— la adquisición de equipos viales, una camioneta de alta gama y otras inversiones millonarias que no estarían a nombre del intendente, pero serían de uso y beneficio personal, situación que despierta serias dudas sobre el origen de los fondos.

Denuncias paralizadas

En agosto, el ciudadano Germán Sosa presentó una denuncia penal contra Derlis Molinas, la cual no logra avanzar hasta el momento. A esto se suma el pedido formal de auditoría a la administración municipal, impulsado por concejales del movimiento Honor Colorado, trámite que permanece encajonado en la Contraloría General de la Nación, según denunciaron los ediles.

El expediente también estuvo varios meses en la capital departamental, bajo análisis de la fiscal general adjunta de Caazapá, María Luján Estigarribia, quien posteriormente devolvió la causa al fiscal natural del caso, Carlos Mercado.

A la espera de la Contraloría

El fiscal Carlos Mercado confirmó que el avance del proceso penal depende del dictamen de la Contraloría General de la Nación, considerada autoridad de aplicación en este tipo de investigaciones. Mientras dicho informe no sea remitido, la causa permanece en pausa.

Silencio institucional y malestar ciudadano

La falta de definiciones y el prolongado estancamiento de las denuncias generan creciente malestar ciudadano, en un contexto donde se reclaman transparencia, control y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos municipales.