Obras sí, pero no a cualquier precio
Por Antonio Caballero
Nadie en su sano juicio puede oponerse a la ejecución de obras municipales. Calles asfaltadas, plazas remozadas, portales, empedrados o desagües son, en teoría, señales de gestión. Más aún en tiempos de pulseadas partidarias, cuando las autoridades buscan mostrar resultados. El problema no es hacer obras. El problema es cómo se hacen y cuánto cuestan.
Los pobladores no piden milagros. Exigen algo mucho más básico: que los trabajos estén bien ejecutados y que el presupuesto utilizado sea el que corresponde. Ni más ni menos. Porque cuando una obra presenta fallas a los pocos días o cuando los montos generan sospechas, lo que se erosiona no es solo el pavimento, sino la confianza pública.
Conviene repetirlo hasta el cansancio: el dinero no pertenece al intendente, ni a los concejales, ni al partido político de turno. Es dinero público. Proviene del bolsillo de los contribuyentes, de las transferencias del Estado, de fondos que deberían destinarse con responsabilidad y rigor técnico.
Cuando aparecen indicios de sobrefacturación, cuando los números no cierran o cuando el costo parece desproporcionado frente a la obra ejecutada, ya no se trata de una simple irregularidad administrativa. En términos técnicos, eso se llama lesión de confianza. En lenguaje ciudadano, es otra cosa: es meter la mano en recursos que son de todos.
La ciudadanía no está en contra del progreso. Está en contra de la improvisación, de la opacidad y de la impunidad. Las obras pueden inaugurar-se con cintas y aplausos; pero si no hay transparencia, lo que queda después del acto es la sospecha.
Y en tiempos donde la credibilidad pública vale más que cualquier portal o vereda, jugar con el dinero de la gente no es solo una imprudencia política. Es una irresponsabilidad moral.
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