MOPC firma contratos para la pavimentación de la Ruta PY10, eje de integración regional con impacto desigual
Con una inversión de USD 132 millones y bajo la modalidad “llave en mano”, el Gobierno impulsa una obra estratégica de alcance interdepartamental, mientras persisten reclamos históricos por rutas claves pendientes dentro de Caazapá.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó los contratos para el diseño y la pavimentación de la ruta PY10, conocida como Ruta de la Integración, que conectará a los departamentos de Guairá, Caazapá y Alto Paraná, consolidándose como uno de los proyectos viales más relevantes del actual periodo de gobierno.
La firma de los documentos se realizó este lunes en Mburuvicha Róga, entre la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, y los representantes de las empresas adjudicadas, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, como testigo de honor, además de autoridades nacionales y departamentales.
Durante el acto, el jefe de Estado destacó el valor estratégico del proyecto para el desarrollo nacional, apelando a un discurso centrado en la perseverancia y la planificación. “El camino del progreso no conoce atajos. Es un camino duro, difícil, pero si tenemos la capacidad de perseverar, eso traerá enormes satisfacciones para el Paraguay”, expresó. A su vez, reconoció implícitamente los reiterados incumplimientos del pasado al señalar que la PY10 fue prometida durante años sin resultados concretos, hasta su actual formalización contractual.

Por su parte, la ministra Centurión subrayó que la infraestructura vial constituye uno de los pilares del crecimiento económico del país y sostuvo que la obra forma parte de la segunda etapa de un proceso iniciado hace varios años, que recién ahora avanza hacia su ejecución. Asimismo, remarcó que el objetivo declarado del proyecto es mejorar el acceso de la población a servicios básicos, mercados y oportunidades.
Proceso de adjudicación
La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución N° 1934 del MOPC, correspondiente a la Licitación Pública Nacional para el Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta Nacional PY10, tramo San Cristóbal – Paso Yobái (ID N° 456.747). El proceso incluyó evaluaciones técnicas, económicas y financieras conforme a la Ley N° 7021/2022, priorizando el menor Valor Presente Neto (VPN) como criterio determinante.
100 % empresas paraguayas
La ejecución estará a cargo exclusivamente de empresas nacionales.
El Consorcio Ruta 10 (Concret Mix S.A. – Tocsa S.A.) desarrollará el Lote 1, con una inversión de USD 59.232.051, mientras que el Consorcio Avanza Ruta 10 (Tecnoedil – Ocho A S.A. – ConstruPar S.A.) tendrá a su cargo el Lote 2, por USD 73.091.644. La inversión total ronda los USD 132 millones.
Con la firma de los contratos se inicia de inmediato la etapa de diseño, mientras que los trabajos en pista están previstos recién para el segundo semestre de 2026, con un alcance de 63,94 kilómetros de tramo principal y 15,81 kilómetros de travesías urbanas en Tuparendá, Tuna, San Agustín, Mangrullo y Paso Yobái.
Obra estratégica, reclamos persistentes
La ejecución se realizará bajo la modalidad “llave en mano”, mediante la cual las empresas asumen el diseño, la construcción y el financiamiento, con un plazo contractual de 33 meses y pagos condicionados a tramos efectivamente habilitados.

Según datos oficiales, la PY10 impactará en una región de fuerte perfil productivo, con más de 252.500 hectáreas agrícolas y un movimiento estimado de 1.500.000 toneladas anuales de carga, fortaleciendo la logística regional y la conectividad interdepartamental.
Sin embargo, el impacto directo dentro del departamento de Caazapá sigue siendo limitado, especialmente para las comunidades del sur y la zona alta. En ese contexto, pobladores del distrito de Abaí reiteran el reclamo por la adjudicación de la ruta asfaltada Abaí–Tarumá–Tuna, un tramo de aproximadamente 30 kilómetros considerado clave para la integración departamental real.
Dicha obra ya cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero continúa sin adjudicación, prolongando una postergación histórica que contrasta con la magnitud de los anuncios oficiales. Las comunidades afectadas esperan que el proceso se destrabe en los primeros meses del próximo año, como una señal concreta de equidad territorial en la política de infraestructura vial.







