Millonario gasto en combustibles en la Municipalidad de San Juan Nepomuceno genera dudas
La administración del intendente colorado cartista Derlis Molinas pagó G. 925 millones en combustibles y lubricantes durante 2025, según la rendición presentada ante la Contraloría General de la República del Paraguay. El monto llama la atención debido al reducido parque automotor municipal y al hecho de que gran parte de las obras viales del distrito son tercerizadas a empresas constructoras.

SAN JUAN NEPOMUCENO. La Municipalidad de este distrito caazapeño, administrada por el intendente colorado cartista Derlis Molinas, pagó G. 925.531.735 en concepto de compra de combustibles y lubricantes, un monto que genera cuestionamientos debido a que el parque automotor y la maquinaria vial de la comuna son relativamente reducidos.
El elevado gasto despierta interrogantes sobre el destino y la utilización real de los combustibles adquiridos, ya que para muchos ciudadanos resulta difícil justificar una erogación de tal magnitud considerando la limitada cantidad de vehículos y equipos municipales en funcionamiento.
La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que gran parte de los trabajos viales del municipio son tercerizados, mediante adjudicaciones directas a empresas o contratistas, lo que en teoría debería reducir el consumo de combustibles por parte de la institución municipal.
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El detalle de las erogaciones por compra de combustible alcanza la friolera suma de G. 925.531.735, de acuerdo con la rendición presentada ante la Contraloría General de la República del Paraguay correspondiente al ejercicio fiscal 2025. De ese monto, G. 442 millones provienen de recursos de royalties del Tesoro Nacional, G. 332 millones de transferencias destinadas a municipalidades de menores recursos, G. 110 millones corresponden a fondos propios y G. 39.980.000 fueron pagados específicamente en concepto de lubricantes.

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Este rubro resulta particularmente llamativo porque la mayoría de las obras viales del distrito son adjudicadas a empresas constructoras, donde incluso operan las pocas máquinas viales de la comuna. En la práctica, esto implica que los equipos municipales trabajan en obras tercerizadas y, aparentemente, también con combustible proveído por la propia municipalidad.
Surge entonces una interrogante clave: ¿bajo qué concepto se entrega el combustible a estas empresas? Hasta el momento no se ha identificado en los registros municipales un rubro que contemple el cobro por alquiler o uso de las maquinarias, lo que abre dudas sobre si se trata de una cesión gratuita de recursos públicos a contratistas privados.
Otro punto que genera cuestionamientos es el uso de dos tractores agrícolas de la comuna, que según versiones locales trabajan de forma constante para agricultores del distrito e incluso para cultivos vinculados al propio jefe comunal. El costo del servicio se estima en G. 250.000 por hectárea, sin embargo, no se encontraron registros claros de pagos realizados por los productores ni por el intendente por la utilización de estas máquinas.
Si los concejales municipales cuentan con estos registros o pueden aclarar el destino de los recursos utilizados para combustibles y lubricantes, sería oportuno que los hagan públicos, a fin de despejar las dudas que hoy pesan sobre este significativo gasto dentro de la administración comunal.










