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Demoras y sospechas: caso contra el intendente de San Juan Nepomuceno vuelve a Fiscalía local

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Demoras y sospechas: caso contra el intendente de San Juan Nepomuceno vuelve a Fiscalía local

El intendente Oscar Derlis Molinas Ruiz enfrenta una denuncia por presunta lesión de confianza y un pedido de auditoría por parte de la Junta Municipal, mientras el expediente del caso atraviesa demoras y traslados llamativos dentro del Ministerio Público.

El intendente Oscar Derlis Molinas Ruiz, denunciado por presunta lesión de confianza, mientras avanza el pedido de auditoría de la Junta Municipal.

SAN JUAN NEPOMUCENO. El ciudadano Domingo Germán Sosa González presentó en agosto pasado una denuncia penal por presunta “lesión de confianza” contra el intendente Oscar Derlis Molinas Ruiz, la cual —según afirma— permanece encajonada en la Fiscalía de Caazapá.

El 23 de octubre, la Junta Municipal también solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría sobre las gestiones administrativas del jefe comunal.

Llamativamente, el expediente fue remitido a la Fiscalía Adjunta de Caazapá, a cargo de la abogada María Luján Estigarribia, quien el 8 de setiembre indicó que el caso “se encontraba en análisis” porque podría requerir la intervención de una unidad especializada.
Ese análisis se extendió por más de dos meses.

El fiscal Carlos Mercado confirmó que el expediente contra el intendente Molinas volvió a la Fiscalía de San Juan Nepomuceno y que la investigación debe continuar.

 

Finalmente, el expediente fue reenviado a la Fiscalía de San Juan Nepomuceno el jueves 6 de noviembre, según confirmó el fiscal Carlos Mercado.

El fiscal Mercado aseguró que el caso debe proseguir, ya sea atendiendo el pedido del denunciante de allanamiento y secuestro de documentos que sustenten el supuesto hecho de “lesión de confianza”, o bien aclarando si el prolongado tiempo transcurrido permitió al denunciado modificar o hacer desaparecer evidencias.

A esta denuncia se suma el pedido de auditoría de la Junta Municipal, presentado ante la CGR el pasado 23 de octubre. Ahora resta esperar que el organismo de control active sus mecanismos, salvo que —al igual que en el Ministerio Público— también exista alguna traba burocrática.

El pedido de auditoría fue impulsado en la Junta Municipal por el concejal Aníbal Silvero Rivas y aprobado por unanimidad por los ediles presentes.

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